Visto en prensa: Una ‘comunidad energética’ en Alicante para la soberanía europea

El encarecimiento de los precios de las materias primas debido a la guerra en Ucrania ha puesto de relieve la vulnerabilidad europea ante factores externos, como la pandemia destapó la dependencia hacia la fabricación de mascarillas. El impacto de estas cuestiones geoestratégicas ha movilizado a las instituciones comunitarias y nacionales. Si el año pasado la Unión Europea presentaba el multimillonario plan REPowerEU para reducir la dependencia energética exterior del gas ruso e impulsar la transición energética para el año 2030, hace días Pedro Sánchez dijo en su investidura que España seguirá “desplegando las energías renovables de forma responsable” y que el Gobierno va a “favorecer las comunidades energéticas y a triplicar la potencia instalada de autoconsumo”. Pero estas medidas no son solo fruto de la coyuntura internacional actual, sino que hunden sus raíces en planes de cooperación comunitaria encaminados a la soberanía energética desde hace tiempo.

Hace más de dos años que El Realengo, pedanía de la ciudad alicantina de Cervillente, se beneficia de una de las primeras comunidades energéticas de España. “Este verano he pagado unos 60 euros, mientras que antes pagaba más de 100”, cuenta Juana Guirao, de 65 años. “Cuando trabajaba era una alegría tener ese ahorro en la factura de la luz. Ahora, con una pensión de menos de la mitad de lo que ganaba, este ahorro se traduce en calidad de vida”. Una sensación extendida entre los miembros de Comptem, la comunidad energética de este municipio de cerca de 300 residentes, en su mayoría sexagenarios con pensiones agrícolas.

Comptem (Comunidad para la Transición Energética Municipal) nació en 2019 de la participación ciudadana voluntaria —comptem significa ‘contamos’, en valenciano— en un proyecto piloto de autoconsumo colectivo promovido por Enercoop, centenaria cooperativa de Crevillente. Para ello, esta comunidad energética levantó una planta fotovoltaica de 120 kilovatios sobre una marquesina de 300 paneles solares, haciendo partícipes a los vecinos en la elección del espacio y la función dada a la construcción. La comunidad decidió rehabilitar un solar en desuso, donde hoy hay un área de juegos infantiles junto a un jardín, e instalar allí la estructura con un techo a dos aguas sobre la que se asientan los paneles solares y bajo la que los vecinos se reúnen para disfrutar de conciertos y otras actividades. “Todos aportamos ideas para darle uso a ese espacio abandonado, y ahora tenemos un lugar público donde juntarnos”, dice Juana desde su casa, a unos 100 metros de la plaza rehabilitada. “Así que la mejora no solo ha sido en el ahorro… Encima no hemos tenido que pagar nada”.

La inversión inicial para la instalación no tuvo coste para los vecinos, ya que se hizo mediante un préstamo bancario que la comunidad energética amortiza con los ahorros generados por la propia planta fotovoltaica. Un modelo de pago por uso en el que un porcentaje económico se destina a pagar el préstamo y el resto alivia la factura de la luz de la comunidad. Pasado el periodo de retorno de la instalación de autoconsumo, estimado en 7-8 años para las colectivas, el ahorro de los vecinos se acercará al 50%. Además, la iniciativa, presupuestada en 400.000 €, recibió un 70% de financiación a través los fondos Horizon 2020 de la UE (actualmente Horizon Europe). El proyecto cuenta con sistemas de gestión y escala de control, así como con un almacenamiento con baterías ion-litio —un proyecto similar austriaco usó tecnología de flujo redox— que sigue siendo la instalación más grande de España de autoconsumo con almacenamiento.

“Nuestro proyecto de El Realengo es un living lab (laboratorio viviente) en el que desarrollamos procesos e innovamos antes de extrapolarlo a otros sitios. Esto es lo que busca la financiación europea”, explica Joaquín Mas, director general de Enercoop. El grupo ha extendido los paneles solares a seis espacios de Crevillente, incluyendo un aparcamiento público con paneles fotovoltaicos bifaciales, que captan energía por la parte superior e inferior, y espera la inauguración de una microplanta de generación fotovoltaica en suelo de 3,65 megavatios financiada a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) con fondos Next Generation, también de la UE. “El objetivo es que el 50% del consumo energético de todo Crevillente se cubra con energías renovables para 2030”, augura Joaquín Mas, antes de concluir: “Los fondos llegan, pero hay que tener proyectos chulos que se materialicen”.

El modelo de comunidad energética crece en el terreno de la solar-fotovoltaica porque es más fácil generar con menor coste. Pero también existen las vinculadas a otras fuentes de energía, como la de Aras de los Olmos. Desde 2016, esta pequeña población rural de 380 habitantes en la frontera de Valencia con Teruel se ha propuesto autoabastecerse de electricidad limpia las 24 horas del día. Su comunidad energética, formada por ayuntamiento, cooperativa y empresas locales, inaugurará un parque fotovoltaico en marzo de 2023, y planea desarrollar una instalación microhidráulica, dos pequeños aerogeneradores y una planta de biogás. De los dos últimos, financiados ambos por fondos de la UE, la iniciativa de biogás involucra, además, estudios de una decena de universidades europeas para mejorar la viabilidad económica de esta tecnología. “Los expertos investigan cómo deben funcionar las distintas fuentes de energía según las necesidades vecinales”, cuenta el alcalde de Aras de los Olmos, Rafael Chicharro. “Es un camino difícil por nuestra falta de recursos y porque buscamos un hito del que no hay constancia ni en España ni en el resto de Europa”.

Sostenibles vs. renovables

Las comunidades energéticas son una alternativa a los sistemas convencionales y a otros renovables; lo que equilibra una transición energética que está siendo muy asimétrica a todos los niveles. Este modelo elimina las barreras para el acceso universal e individual al autoconsumo de viviendas unifamiliares porque instalar placas fotovoltaicas aún hoy implica costes inasumibles, como los vehículos eléctricos. En otros casos, por las barreras técnicas o sociales derivadas de la sombra entre edificio o de la falta de consenso entre vecinos. Incluso hay propietarios que no pueden instalar paneles solares en cascos urbanos porque sus fachadas están protegidas como bienes patrimoniales. Una asimetría que también se observa a nivel estatal.

En España, las tres principales fuentes de energías renovables son la eólica, la fotovoltaica y la térmica, que suponen más de un 32%, 28% y 17% del total, respectivamente; según datos de Red Eléctrica de España (REE), a noviembre de 2023. Pero de todas comunidades autónomas, cuatro son las que cargan con cerca del 60% de la generación de renovables: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. El hecho de que estas sean las regiones más extensas no es una coincidencia, ya que gran parte del esfuerzo hacia la transición energética en España se ha concentrado en la instalación de grandes plantas de generación de energía. Un aspecto que está siendo subrayado por expertos.

El último informe sobre fotovoltaicas del Observatorio de Sostenibilidad estima que la producción de esta energía indicada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) podría multiplicarse por 10 si las placas fotovoltaicas se implantan en zonas ya artificiales, con un mínimo impacto ambiental. Es decir, si los paneles solares se instalasen sobre suelos ya construidos e industriales de escaso valor ambiental: minas, invernaderos, carreteras o vías de ferrocarril, además de viviendas, como hacen otros países. Australia tiene cerca de tres millones de viviendas con paneles solares, Alemania tiene dos millones de tejados solares, el Reino Unido, 800.000, Italia 600.000. Sin embargo, en España, en el país del sol, hay apenas 200.000, que suponen 5,2 GW o el equivalente a cuatro centrales nucleares (la mitad de cuya potencia se logró en 2022).

Desde el Observatorio indican que España ha apostado por desarrollar macroplantas eólicas y fotovoltaicas descontroladamente, convirtiéndolas en instrumentos especulativos que crean un fenómeno de far west en el sector renovable. Un ejemplo reciente es la megaplanta de 500 hectáreas de Iberdrola en Usagre (Badajoz), de las mayores de Europa, cuyas tierras agrícolas deberán ser devueltas a su propietario tras una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Los expertos de esta asociación, además, creen que los nuevos marcos legales europeos y españoles para acelerar la transición energética pueden favorecer proyectos que no pasan por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni de información y participación pública. Renovable no es sinónimo de sostenible“, resume Fernando Prieto, del observatorio. “La sostenibilidad implica que haya renovables, pero estas deben tener en cuenta factores sociales, ambientales y económicos”.

“No se trata de crecer más, sino de crecer bien”, resume Joaquín Mas, director general de Enercoop. La cooperativa de Cervillente apuesta por el desarrollo de proyectos fotovoltaicos en espacios antropizados por toda la Comunidad Valenciana y fuera de ella. El caso de esta región ejemplifica el de otras tantas, ya que apenas contabiliza un 3% de la energía renovable producida en toda España y su capacidad de generación es de un 25%, poco más de la media española, debido al poco terreno sin edificar disponible, entre otras cosas. Por eso el informe de aprovechamiento fotovoltaico del Instituto Valenciano de Competividad Empresarial (Ivace) subraya que la energía fotovoltaica sobre cubiertas en la región permitiría una producción de 22.881 GWh al año, capaz de abastecer a 6,5 millones de hogares (más del número de habitantes de la comunidad).

Ante el beneficio que supone la alternativa de las comunidades energéticas locales como la de Comptem, el IDAE ha puesto en marcha, con fondos de la UE, el programa CE-Oficinas, para asesorar en los aspectos necesarios para su creación a los vecinos que estén interesados. Esta iniciativa espera dar un impulso al número de comunidades energéticas que existen, actualmente contabilizadas en unas 70, según IDAE; aunque los expertos aseguran estas rondan el medio millar en todo el país. La inscripción y registro de estas iniciativas es otro aspecto en el que las autoridades deben poner el foco, dentro y fuera de España. Según la UE, hay 9.000 comunidades energéticas en toda la Unión.



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